El gobierno evitó la esencialidad en el puerto y ahora el sindicato lo lleva a la Justicia y a la OIT

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El conflicto en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), la única terminal especializada en contenedores del país, sumó esta semana un nuevo frente. El sindicato portuario ya no discute solo con la empresa, sino con el propio gobierno. El jueves 24 de setiembre, en asambleas en Montevideo y Nueva Palmira, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) resolvió presentar un recurso de anulación contra la resolución del Poder Ejecutivo que fijó servicios mínimos en la terminal y llevar el reclamo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Además, según El Observador y Subrayado, habilitó a su dirección a convocar un paro nacional de 48 horas en todos los puertos si el gobierno no revoca la medida.

De qué se trata el conflicto

Los trabajadores de TCP, empresa operada por el grupo belga Katoen Natie, llevan meses sin un nuevo convenio colectivo. Entre los principales puntos en discusión están los jornales mensuales garantizados: según La Mañana, a fines de agosto el sindicato reclamaba 25 y la empresa ofrecía 13. El sindicato sostiene que los trabajadores no acceden a aumentos por encima de las pautas mínimas desde hace dos décadas.

Las medidas sindicales se acumularon a lo largo del año. El Semanario La Prensa contabilizó más de 30 días de paralización en 2026 hasta mediados de setiembre. Empresas del sector hablaron de 44 días con interrupciones, según En Perspectiva.

Cronología

• 28 de agosto: una asamblea paraliza TCP. La empresa se retira de la negociación tripartita y el Ministerio de Trabajo convoca a una reunión de emergencia, según La Mañana.
• 7 de setiembre: legisladores nacionalistas reclaman la esencialidad. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, responde que el puerto no está parado.
• 8 de setiembre: el Directorio del Partido Nacional pide formalmente la esencialidad.
• 11 de setiembre: TCP formaliza su propio pedido de esencialidad. Ese día, los ministerios de Trabajo y de Transporte fijan servicios mínimos “con carácter transitorio y limitado”, vigentes desde el 12.
• 17 de setiembre: el presidente del Directorio blanco, Álvaro Delgado, vuelve a reclamar la esencialidad.
• 21 de setiembre: paro de 24 horas en todos los puertos del país contra los servicios mínimos.
• 22 de setiembre: el senador Sergio Botana presenta un proyecto de esencialidad permanente para la actividad portuaria.
• 24 de setiembre: el Supra resuelve el recurso de anulación, la queja ante la OIT y habilita el paro de 48 horas.

La salida intermedia del gobierno

La esencialidad habría prohibido directamente las medidas de fuerza en la terminal. El gobierno eligió otra herramienta: los servicios mínimos, que permiten paros pero obligan a mantener operaciones básicas, como la carga y descarga de buques y la recepción de contenedores. Según el Semanario La Prensa, el presidente Yamandú Orsi explicó que no estaban dadas las condiciones para declarar la esencialidad, aunque aclaró que es una herramienta que sigue disponible.

En la resolución, citada por Subrayado, los ministerios reconocieron que las medidas gremiales habían afectado seriamente el funcionamiento de la terminal y amenazaban un servicio relevante para la producción nacional.

Semanas antes, el secretario de Presidencia había minimizado el problema. Según El Observador, Sánchez afirmó el 7 de setiembre que el puerto no estaba parado y que se trataba de un problema entre un sindicato y una empresa privada, con altas posibilidades de acuerdo en el corto plazo.

Ni una cosa ni la otra

La solución intermedia no conformó a nadie. Para el sindicato, los servicios mínimos limitan el derecho de huelga y se acercan demasiado a una declaración de esencialidad. Por eso el 21 de setiembre paró todos los puertos del país y ahora apunta a la Justicia y a la OIT. Su secretario general, Álvaro Reynaldo, cuestionó la forma en que el gobierno intervino en la negociación.

Para la oposición, la medida quedó corta. El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, insistió en la esencialidad:

“Hay momentos en los que a uno no le tiene que temblar el pulso”.

Álvaro Delgado, presidente del Directorio del Partido Nacional, según la diaria

El senador nacionalista Sergio Botana fue más lejos. Presentó un proyecto de ley para declarar de forma permanente como servicios esenciales la actividad portuaria, los aeropuertos, los controles aduaneros, los controles sanitarios animales y las emergencias médicas, sin depender de una decisión caso a caso del Poder Ejecutivo:

“Está en juego el país entero”.

Sergio Botana, senador del Partido Nacional, según En Perspectiva

El sector productivo también reclamó. En el cierre de la Expo Prado, el presidente de la Asociación Rural, Rafael Ferber, calificó de inaceptable que el país permanezca rehén de un conflicto entre una empresa concesionaria y un sindicato, y pidió al Estado ejercer plenamente su autoridad, según Infobae.

La otra mirada

Desde el oficialismo se recuerda que la situación de la terminal tiene su origen en el acuerdo que el gobierno de Luis Lacalle Pou firmó con Katoen Natie, que extendió la concesión de TCP. Y el gobierno sostiene que la negociación sigue abierta. El Ministerio de Trabajo propuso subir los jornales garantizados de 20 a 21 por mes y agregar partidas extraordinarias. El Supra no la rechazó de plano: dijo que tiene “matices” y que es una posición abierta, según la diaria.

La próxima reunión tripartita está prevista para el lunes 28 de setiembre en la Dirección Nacional de Trabajo. El jueves 1° de octubre se reúne la dirección nacional del Supra.

Lectura política

El gobierno tuvo todas las señales y eligió no decidir. El 7 de setiembre, el secretario de Presidencia aseguraba que el puerto no estaba parado y que el acuerdo estaba cerca. Dieciocho días después, el sindicato paró todos los puertos del país, llevó al gobierno ante la OIT y amenaza con 48 horas más. El propio Poder Ejecutivo reconoció en su resolución que las medidas gremiales afectaban seriamente a la única terminal de contenedores del país. Aun así, optó por una medida a medias para no incomodar a un sindicato de su propia base.

Esa tibieza tiene un costo, y no lo paga el gobierno. Lo pagan los exportadores, los productores y los trabajadores que dependen de que la carga salga en tiempo. Ya en agosto, las empresas estimaban pérdidas por decenas de millones de dólares, y el año acumula más de 40 días con interrupciones. Cada paro es un buque que espera o se va a otro puerto, y un cliente que empieza a mirar a la región. Esa confianza que Uruguay pierde como puerto confiable no vuelve con un decreto.

El presidente Orsi dijo que la esencialidad “es una posibilidad que siempre está”. El problema es que, mientras siga siendo solo una posibilidad, el país sigue siendo rehén de un conflicto que el gobierno prefiere administrar antes que resolver. Gobernar también es pagar el costo de decidir. Hasta ahora, ese costo lo están pagando otros.